Esta obra presenta una reflexión detallada de las distintas modalidades en las que la parte acusadora y el juez pueden operar modificaciones a los hechos y a la calificación jurídica objeto del proceso penal, con especial énfasis en sus alcances y resultados, evidenciando a lo largo de un recorrido casuística iberoamericano las consecuencias que estos cambios pueden atraer sobre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La comprobación de los resultados de la aplicación de las fórmulas que comúnmente se aceptan para admitir la introducción de reformas y, en algunos casos, verdaderas transformaciones de los cargos que se le formulan y se le dan a conocer al imputado ofrece resultados inequívocos que apuntan a diluir la separación de funciones entre acusar y juzgar, a minimizar la defensa a niveles de ineficacia y a enrarecer la imparcialidad judicial a la que cualquier ciudadano puede aspirar. Una vez demostrado que las bases del sistema acusatorio pueden resultar fracturadas en esos contextos, sobre todo ante la tendencia a flexibilizar los requisitos para la materialización de esas innovaciones, se ofrecen en el texto nuevas formas de reinterpretar los principios en juego y las reglas que los concretan, en procura de fortalecer la congruencia del fallo en el marco de lo prefijado por quien acusa y frente a lo cual el justiciable se ha defendido, manteniendo en el juzgador la facultad de imponer el derecho de forma imparcial.